10 de Mayo de 2015
 
  
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LA SANGRE DE SANTA CLARA Y LOS HORCONES AUN CLAMA JUSTICIA
 
Juan Alberto Melgar Castro inició su gobierno en abril de 1,975 sin ningún dinamismo para resolver los problemas sociales del pueblo hondureño, sobre todo en lo concerniente a la dotación de tierras a los campesinos dentro del programa de reforma agraria.
En tal sentido las exigencias de grupos organizados que ya se sentían en el gobierno de Oswaldo López Arellano se agudizaron considerablemente.
El 13 de junio de 1975 la Unión Nacional de Campesinos (UNC), realizó movilizaciones en todo el país con tomas de puentes y carreteras para exigir la libertad de muchos campesinos encarcelados por realizar acciones de recuperación de tierras, la manifestación fue pacífica y no causó efectos.
En tal sentido el 25 de junio efectuaron en Tegucigalpa una marcha nacional denominada Marcha del Hambre, que tenía como objetivos demandar la aprobación de la personería jurídica, la libertad de 25 líderes presos en Santa Rosa de Copan y el repartimiento de tierras por parte del INA.
El plan consistía en entrar a Tegucigalpa para marchar por sus calles y exigirle al nuevo gobierno la realización inmediata de las reformas, los participantes salieron a pie desde distintos puntos del país y para atenderlos en el camino la UNC organizó puestos de alimentación y asistencia a lo largo de las carreteras. De Juticalpa la marcha salió a lasdos de la madrugada sin dificultades, sin embargo, ese mismo día a las diez de la mañana un grupo de alumnos de las escuelas primarias de Juticalpa encabezados por varios maestros y el supervisor departamental, Guillermo Ayes Mejía, se encaminó al centro Santa Clara, donde habían permanecido los campesinos participantes en la marcha.
En su momento se informó que el objetivo de la manifestación infantil era reclamar varias aulas de clase para evitar el congestionamiento que padecían las escuelas.
Según informe de la UNC, al llegar la manifestación de los escolares al frente del edificio, el profesor Ayes Mejía desenfundó una pistola y comenzó a exigir que se le abrieran las puertas al grado de violentarlas a patadas con el fin de entrar a la fuerza.
Atrás del desfile de escolares también llegaba un grupo de agentes del Departamento de Investigación Nacional (DIN) vestidos de civil para acompañar la acción de Ayes, entraron al edificio por otro de los portones y comenzaron a disparar en contra de las personas que se encontraban al interior.
A consecuencia de la balacera perecieron cinco campesinos, algunos de ellos fueron vilmente asesinados al momento de capturarlos: Fausto Cruz, Inés Arnulfo Irías, Francisco Colindres, Alejandro Figueroa y Máximo Aguilera Soriano, asimismo el taxista Miguel Ángel Barahona Tablada, quién acompañaba a los escolares.
Él destacamento militar que asaltó el edificio era comandado por el te¬niente Norman Altamirano.
Quince personas fueron detenidas y encerradas en un cuarto utilizado como servicio sanitario del presidio de Juticalpa, a las diez y media de la no¬che fueron sacados del presidio Ro-L que Ramón Andrade, Bernardo Rivera Irías, Osear Ortiz Ruiz, Lincoln Colman, Juan Benito Montoya y el Sa¬cerdote Michel Jérome Cypher. I Estas personas fueron conducidas en un vehículo pick- up rojo propiedad del sargento David Ártica, jefe del presidio de Juticalpa.
Se organizó un convoy al mando del mayor José Enrique Chinchilla con dirección al Valle de Lepaguare, donde llegaron a la una y media de la madrugada.
El convoy se detuvo en el puente que da acceso al Valle, allí fueron bajados los detenidos para trasbordar dos vehículos que los esperaban al otro lado, sumándose al convoy los señores José Manuel Zelaya ( padre del candidato presidencial Mel Zelaya ) y Carlos Barh, quienes los condujeron a la hacienda Los Horcones, propiedad de Mel Zelaya.
El 25 de junio en horas de la tarde el padre Iván Betancourt, acompañado de las señoritas Ruth Argentina García Mallorquín y María Elena Bolívar Vargas, venían de Tegucigalpa y fueron capturados en el Valle de Lepaguare por el subteniente Benjamín Plata, quien llevó detenido al padre Betancourt, mientras el sargento Eugenio Alemán conducía el vehículo del sacerdote y a las señoritas Ruth Argentina y María Elena.
Al entrar la noche se trasladaron a la hacienda Los Horcones, la cual desde el 24 de junio había sido ocupada por un pelotón al mando del subteniente Benjamín Plata, con la colaboración del dueño Mel Zelaya.
A la 1.30 de la madrugada teniendo en la hacienda a nueve detenidos, el mayor Chinchilla ordenó a tres elementos del DIN que interrogaran a los seis que habían traído de Juticalpa, mismos que posteriormente fueron ejecutados empleando un fusil 22 mágnum proporcionado por José Manuel Zelaya.
Después del interrogatorio el padre Iván también fue asesinado y para evitar que quedaran testigos, asimismo ejecutaron a las señoritas Ruth Argentina Mallorquín y María Elena Bolívar Vargas.
Consumados los hechos los cadáveres fueron sacados y colocados en un pick-up propiedad de José Manuel Zelaya, éste los condujo a un terreno donde existe un pozo malacate de una profundidad aproximada de 40 metros por uno de diámetro.
A las 4.30 de la mañana se concluyó el depósito de los cadáveres y el subteniente Benjamín Plata procedió a colocar dos cargas de dinamita, que no tuvieron efecto esperado de sellar el pozo, por lo que se terminó de rellenarlo con tierra.
De todos los hechos las autoridades encontraron responsabilidad di¬recta del Mayor José Enrique Chinchilla, d el Subteniente Benjamín Rodolfo Plata, de José Manuel Zelaya y Carlos Barh, quienes fueron recluidos en la Penitenciería Central, el 16 de junio de 1,979.
Fueron condenados a 20 años de cárcel por homicidio consumado, sin embargo solo estuvieron en prisión poco más de un año, porque el 3 de septiembre de 1,980 fueron favorecidos por el decreto de amnistía e indulto promulgado por la Asamblea Nacional Constituyente, recobrando su libertad el once de ese mismo mes.
Los implicados no fueron condenados por asesinato, sino por homicidio y de esta manera fue fácil que lograran su libertad. Muchas organizaciones po¬pulares protestaron por la acción judicial, sin embargo todo fue inútil.
El mayor José Enrique Chinchilla fue nombrado agregado militar en la embajada de Honduras en Panamá por el presidente liberal Roberto Suazo Córdova
 
Fuente: Vida Laboral Edic. # 15, Julio de 2004
 

 
   
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